Ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que justifique con un auto de formal prisión en el que se expresaran: delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, al igual que datos que arroje la averiguación previa.

Este plazo podrá prorrogarse únicamente a petición del indicado, en la forma que señale la ley.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito(s) señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso.